Las mujeres que delinquen, aquellas que acaban en prisión o cumpliendo alguna pena en la comunidad, representan una minoría en nuestro país. A modo de ejemplo, en términos estadísticos, la población femenina condenada, penada en la comunidad y presa, representa menos del 10% del total. Esta infrarrepresentación ha servido durante décadas como justificación del nulo interés y la invisibilidad de las mujeres en la investigación científica.
Ahora bien, también hay que tener en cuenta el gran estigma y el control social informal que ha existido siempre sobre las mujeres que delinquen (Larrauri, 1994). A las mujeres no se les es permitido delinquir. El imaginario social diferencia claramente entre las buenas y las malas mujeres, y las mujeres que delinquen son claramente unas malas mujeres por transgredir las normas y las expectativas sociales. En este sentido, las características de una buena mujer corresponderían con valores contrarios a cualquier valor relacionado con el comportamiento delictivo.
Por ello, cuando en el ámbito criminológico se comenzó a estudiar a las mujeres que delinquían se les presentó como mujeres antinaturales, que llevaban a cabo cualquier comportamiento delictivo porque eran biológica y psicológicamente anormales. Esto ha tenido una clara influencia en el hecho de que las mujeres que delinquen se encuentren entre los modelos más estigmatizados y desviados del modelo de mujer. Así, cuando la criminología se comenzó a interesar por las mujeres como sujetos de investigación, empezaron a diferenciar claramente entre las mujeres víctimas de delincuencia que merecían el mayor respeto y comprensión, y las mujeres que delinquían que acababan siendo demonizadas.
El libro Mujeres y penas alternativas a la prisión: una mirada con perspectiva de género se basa en una investigación que pretende conocer y visibilizar a las mujeres que han delinquido y han acabado cumpliendo alguna pena fuera de prisión, es decir, a las mujeres penadas, uno de los modelos más estigmatizados del modelo de mujer. Lo hace a través de entrevistas a mujeres penadas y a profesionales que las supervisan, además de utilizar un análisis estadístico desagregado por sexo y desde una perspectiva de género sobre diferentes características personales y penales de la población penada. Y no solamente pretende visibilizar a las grandes invisibles del sistema penal, sino también su diversidad porque, en palabras de las y los profesionales que trabajan diariamente con estas mujeres, «es un género mucho más castigado, son pocas mujeres, pero son casos muy complejos por la falta de homogeneidad, por sus problemáticas y sus responsabilidades».
Pero, ¿qué conocemos de las mujeres que delinquen? La mayoría de ellas tienen hijos (no siempre menores) u otras personas dependientes a su cargo, han estado en relaciones tóxicas en las que han sufrido violencia de género por parte de hombres importantes en sus vidas, y no sólo tienen que cumplir la condena, sino que tienen que cuidar de otros, hacer las tareas del hogar e ir a trabajar (normalmente en empleos precarios y sin contrato). De hecho, es importante subrayar el número desproporcionado de mujeres penadas que han sido víctimas de violencias machistas durante su trayectoria vital o en el momento del cumplimiento de una pena (más del 65%) porque esto se ha convertido en una característica específica del género femenino alrededor del mundo (Reglas de Bangkok, 2011; Navarro, 2018). Por ello, las investigaciones enmarcadas dentro de la criminología feminista pusieron en evidencia la fina línea que puede existir entre la victimización de las mujeres penadas y su posterior criminalización y la dificultad de reducir tal complejidad a la idea de «víctimas o delincuentes».
También, si hablamos de diversidad, es necesario hacer hincapié en las mujeres gitanas y las mujeres inmigrantes, dos grupos sobrerrepresentados dentro del sistema de justicia penal comunitarias. Aquí ya se suman y cruzan diferentes ejes. Las mujeres gitanas tienen más y mayores responsabilidades y cargas que el resto de las mujeres y el cumplimiento de sus penas es muy irregular porque «pasan el día preocupadas por sus hijos y otros familiares dependientes y pendientes del teléfono». Además, en muchos casos, son víctimas de la violencia machista sin ser conscientes de ello ni querer aceptarlo. También hay mujeres gitanas que, por razones culturales, no quieren cumplir la condena (generalmente Trabajos en Beneficio de la Comunidad) en determinadas entidades. Otras no saben leer ni escribir y esto reduce las opciones de dónde podrían ser derivadas para cumplir su condena.
En cuanto a las mujeres inmigrantes, los profesionales tienen la percepción de que la condena les afecta más. No tienen a toda su familia cerca, les resulta más complicado o imposible regularizar su situación administrativa en el país debido a sus antecedentes penales y sufren más el estigma que conlleva ser mujer y delincuente en su entorno social y familiar más cercano.
Luego hay otro colectivo del que desconocemos las dimensiones ya que apenas existen investigaciones y datos al respecto: las mujeres que pertenecen al colectivo LGTBIQ+. Esto también se puso de manifiesto en las entrevistas cuando se preguntó a profesionales sobre aquellas mujeres que representan casos más complejos. Durante las entrevistas, los profesionales se refirieron a las mujeres lesbianas y a las mujeres transexuales. Además, durante las conversaciones con mujeres, tuve la oportunidad de conocer las experiencias de tres mujeres, dos de ellas lesbianas y una bisexual. Mujeres que han perdido el apoyo total de su familia o que llevan una doble vida debido a su orientación sexual o identidad de género. Han sufrido múltiples formas de discriminación en el ámbito social, laboral y sanitario. Los profesionales han supervisado a mujeres lesbianas inmigrantes que han perdido todo el apoyo familiar y están solas. La situación de las mujeres inmigrantes transexuales que se dedican a la prostitución y una vez que entran en el sistema penal no hace más que empeorar.
Por supuesto, todas las dimensiones son importantes, pero lo que tienen en común son el reflejo del impacto desproporcionado que los roles de género tienen sobre las mujeres y, por supuesto, sobre el cumplimiento de las penas y su paso por el sistema de justicia penal. Por lo tanto, si entramos en un sistema que no conoce estas características o no tiene tiempo suficiente para dedicarse a profundizar en la situación de cada persona, no estará preparado para abordar los problemas y necesidades, y lo único que hará es agravar todos estos problemas.
Además, no hay que olvidar que estamos hablando de un sistema penal históricamente androcéntrico, construido por y para las necesidades de un modelo de sujeto masculino donde las mujeres se han visto invisibilizadas y marginadas por representar una minoría en términos numéricos y donde se ha partido durante mucho tiempo de la idea de que hombres y mujeres deben recibir un tratamiento igualitario y que no hay que hacer una provisión diferente para las mujeres. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de un tratamiento igualitario para la diversidad de las mujeres dentro de un sistema históricamente androcéntrico? El libro busca responder a esta pregunta y a muchas otras entre las cuales destacaría: ¿Existen diferencias entre las mujeres y los hombres que cumplen penas alternativas a la prisión, es decir, en la comunidad? ¿Hasta qué punto el sistema de penas comunitarias es sensible al género y a la diversidad existente? ¿Qué funciona y qué no funciona según las mujeres? ¿Por qué es necesario introducir la perspectiva de género en el sistema de ejecución penal?
