El 2023 ya está aquí y como es lógico ello conlleva también la continuidad de la actividad legislativa en nuestro país. Así, este año viene cargado de novedades, con normas que previsiblemente serán aprobadas puesto que ya se encuentran en fases avanzadas de tramitación parlamentaria. En consecuencia, a través de este artículo se analizarán brevemente las principales novedades legislativas que se prevén para este nuevo año.
La principal novedad es la popularmente conocida «ley trans», o más técnicamente dicho ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la Garantía de los Derechos de las Personas LGTBI, que ha sido aceptada hace apenas unas semanas en el Congreso de los Diputados. Así, la norma ha sido aprobada por la Cámara Baja con 188 votos a favor, 150 en contra y seis abstenciones.
La refoma más trascendental que implica la aprobación de esta norma, todavía pendiente de su aprobación en el Senado, es la de la autodeterminación de género. De este modo, la persona que quiera cambiar su sexo en el DNI ya no tendrá que ser diagnosticada por un profesional con «disforia de género» ni tendrá que someterse a un proceso de hormonación, sino que bastará simplemente con acudir al Registro Civil y cambiarse el sexo. El cambio registral del nombre y del sexo en el DNI necesitará de una autorización judicial entre los 12 y los 14 años; con consentimiento de padres, madres o representantes legales entre los 14 y los 16 años; y libre a partir de los 16. Así, las dos novedades que esta ley recoge son la de, por un lado, eliminar la necesidad de ser diagnosticado por un profesional y estar dos años recibiendo hormonas y, por otro lado, las condiciones y requisitos para que un menor realice el cambio registral de sexo y nombre en el DNI.
En segundo lugar, los grupos parlamentarios también deberán votar, previsiblemente este año, tanto la ley de familias como la ley de bienestar animal. En cuanto a la ley de familias, esta norma tiene como objetivo principal equiparar los derechos de las parejas de hecho a los de los matrimonios, así como incluir nuevos permisos de cuidado, además los beneficios se extenderán de las familias numerosas a las familias monoparentales de dos hijos. Por ejemplo, se prevé crear un permiso de cuidado de cinco días al año, retribuidos, con el fin de atender a un familiar hasta de segundo grado o conviviente. También, la norma incluye un permiso parental de ocho semanas hasta que el menor cumpla ocho años y un permiso de ausencia por fuerza mayor familiar que requiera atención inmediata, que será de cuatro días retribuidos al año.
En relación con la ley de bienestar animal, pendiente también de aprobación en este 2023, cabe destacar, en primer lugar, que los perros de caza quedan fuera de esta ley. En cualquier caso, la principal novedad es reformar el Código Penal elevando las penas de maltrato animal, que podrán ser castigadas con un año de prisión y hasta tres años en caso de provocar la muerte. A este respecto, el Consejo General del Poder Judicial ha emitido un informe en el que advierte que se podrían dar casos de desproporción de penas en el maltrato animal en proporción a las lesiones y coacciones contra las personas. La norma también tiene la intención de prohibir las peleas de gallos, el tiro al pichón, el uso de pinchos o collares que ahorquen, aparatos eléctricos que causen daños o llevar animales atados a vehículos con el motor en marcha. Además, aparece por primera vez una previsión transitoria que establece que los zoológicos y delfinarios se tendrán que reconvertir progresivamente en centros de recuperación de especies autóctonas y acabar con la comercialización de animales en las tiendas de mascotas. También se creará el Registro Nacional de Animales de Compañía y una estadística nacional sobre abandonos, maltrato o adopciones.
Asimismo, los grupos parlamentarios siguen sin ponerse de acuerdo con la nueva ley de viviendas, que será aprobada también, según se prevé, a lo largo del año. El principal problema que está siendo objeto de debate, y que en consecuencia está alargando las negociaciones entre los distintos grupos políticos, es la de la regulación del alquiler. La doble vía para rebajar el precio de los arrendamientos prevista en el decreto antiinflación, aprobado el 27 de diciembre, por un lado propone limitar al 2% las subidas y, por otro, la nueva prórroga automática de los contratos en vigor, lo que ha dificultado las negociaciones.
Para la aplicación de dicho límite la consideración de gran tenedor es el punto más relevante. La regulación de los alquileres se basa en el establecimiento por parte de las comunidades autónomas, que serán las encargadas de aplicarlo, de zonas de mercado tensionado por un tiempo de tres años. La consideración de mercado tensionado estará sujeta a presupuestos objetivos. Como ejemplo, uno de los requisitos radicará en el hecho de que el precio del alquiler se haya incrementado cinco puntos por encima del IPC y también en que las familias tengan que destinar un porcentaje de su renta superior al 30 % para pagar el alquiler. En cualquier caso, las medidas están siendo debatidas estos días y estamos pendientes de que finalmente exista un acuerdo que permita sacar esta norma adelante.
Por último, y no por ello menos importante, no debemos olvidar que el Poder Judicial inicia un nuevo año sin renovarse. El órgano de los jueces sigue en funciones y las negociaciones entre PP y PSOE, los dos principales partidos que tienen capacidad para desbloquear esta situación, parecen no ponerse de acuerdo. Así, salen a la luz debates jurídicos de si habría que reformar la propia Ley Orgánica del Poder Judicial para que no se puedan dar este tipo de situaciones. En cualquier caso, resulta imprescindible que los principales partidos políticos tengan en consideración el respeto que debe existir hacia el Estado de Derecho y que no se trata de «negociar» o « desbloquear» una situación, sino de algo más importante como ejercitar las acciones que la ley les obliga. El respeto al orden constitucional siempre debería estar por encima de los intereses particulares de cada grupo parlamentario.
En definitiva, este año veremos la aprobación de nuevas normas, no solo las indicadas en este artículo sino todas aquellas que se prevean y que sean aprobadas en el Parlamento, siempre teniendo en cuenta que a finales de año habrá elecciones generales que podrían conllevar el cambio de un Gobierno que, a su vez, podría ver frustradas sus expectativas legislativas si finalmente se diera un cambio de ciclo gubernamental.
